La Sala del Senado aprobó este miércoles, en segundo trámite constitucional, la ley corta que extiende los plazos de implementación de la nueva normativa de seguridad privada en el país, en una votación marcada por un amplio consenso transversal entre los parlamentarios, ante la necesidad de evitar una crisis operativa, laboral y administrativa en el sistema antes del vencimiento de los plazos de certificación fijados para el próximo 28 de mayo.
Con esta aprobación, el Congreso resolvió extender por 18 meses el plazo para que las entidades obligadas presenten sus estudios de seguridad, ampliar hasta 90 días hábiles el período de revisión por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito y prorrogar por un año y medio las autorizaciones vigentes del personal de seguridad privada. Estas medidas buscan asegurar la continuidad operacional del sistema y evitar una crisis administrativa y laboral en el sector.
Tras el despacho a ley, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, señaló que “era imprescindible que esta ley corta fuera aprobada de manera oportuna para que la nueva Ley pudiera implementarse de la mejor forma y evitar generar perjuicios tanto a entidades obligadas por ley como a miles de trabajadores del sector. La nueva normativa exige estándares mucho más complejos y, por lo mismo, es necesario contar con un mayor plazo para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica y del sistema de acreditación”.
Tramitación y alcances de la implementación de la ley
Durante la discusión legislativa, el Ejecutivo advirtió que la actual capacidad operativa del sistema no permitía procesar simultáneamente la totalidad de las solicitudes, acreditaciones y planes de seguridad exigidos por la nueva legislación, lo que podría haber provocado un colapso administrativo y afectado la continuidad operacional de servicios críticos en todo el país, dejando a cerca de 35 mil trabajadores de seguridad privada impedidos de ejercer sus funciones.
Asimismo, Carabineros expuso las limitaciones operativas existentes para revisar miles de estudios y planes de seguridad, señalando que un ingreso simultáneo de antecedentes generaría un riesgo de colapso institucional e incluso podría derivar en aprobaciones automáticas por silencio administrativo.
Finalmente, la aprobación de esta ley corta permitirá descomprimir los tiempos para la industria de la seguridad privada y ordenar la transición del sistema, resguardando la continuidad operacional y la estabilidad laboral de miles de trabajadores, mientras se avanza en reformas estructurales para modernizar el sistema de seguridad privada en el país.
