Este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, anunció la presentación de una Ley Corta que modificará la actual Ley de Seguridad Privada para ampliar plazos clave asociados a la implementación del marco regulatorio.
La iniciativa extenderá en seis meses —hasta noviembre de este año— los períodos para la presentación de estudios y planes de seguridad por parte de entidades obligadas, así como para la tramitación de autorizaciones vigentes del personal de seguridad, permitiendo una transición ordenada, gradual y técnicamente viable.
“Estamos entregando certezas con esta Ley Corta, que extenderá la aplicación de esta normativa en seis meses más, es decir, hasta noviembre de este año. Podríamos haber enfrentado una situación muy grave al no contar con la acreditación ni certificación de aproximadamente 30 mil personas”, subrayó Quintana.
La autoridad explicó que esta medida busca prevenir una eventual paralización o afectación significativa en la operación de una industria crítica para la seguridad del país, resguardando la continuidad de guardias, vigilantes, rondines, conserjes e inspectores mientras se completa su proceso de adecuación al nuevo sistema.
En paralelo, la Subsecretaría informó que continúa avanzando en modificaciones al reglamento de Seguridad Privada, retirado al inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast para su revisión, con el objetivo de perfeccionar su contenido, corregir aspectos no previstos en su formulación original e incorporar observaciones técnicas levantadas junto a actores clave del sector.
“Cuando retiramos el reglamento, lo hicimos para perfeccionar su contenido e incorporar la voz de quienes participan directamente en esta industria, porque nuestro objetivo siempre ha sido construir una regulación robusta, aplicable y eficaz. Apuntamos a una normativa más eficiente para el Estado, y, sobre todo, más útil para la protección de las familias de Chile”. señaló Quintana.
Trabajo público-privado para una implementación robusta y viable
Para ese propósito, la Subsecretaría convocó una Fuerza de Tarea de Modificaciones Normativas, instancia técnica de colaboración público-privada que reunió a representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), BancoEstado, Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (ASEVA), Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A.G. (ACHEA), HUB Líderes de Seguridad, Cámara Nacional de Seguridad Privada A.G; Cámara de Centros Comerciales de Chile, Cámara de Comercio de Santiago, Poder Judicial (Oficina de Seguridad), Carabineros de Chile, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Dirección General de Aeronáutica Civil y la Asociación Gremial de OTEC (AGOTEC) y organismos de capacitación.
“Quiero agradecer a todas las instituciones que han trabajado en esta materia, porque este esfuerzo nos permitirá contar con una legislación robusta y asegurar que quienes trabajen al amparo de esta ley —inspectores, conserjes, guardias y vigilantes— puedan contar con un marco regulatorio acorde a las necesidades del país”, agregó la subsecretaria.
Por su parte, el jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, general Stephan Godomar, destacó que “es relevante conocer los pormenores de cómo se van a dictar los reglamentos que van a implicar nuestra operación en el terreno como fiscalizadores de guardias, vigilantes, rondines y conserjes. La seguridad no sólo depende de las instituciones policiales sino de todos los organismos del Estado y privados para abordar los desafíos de manera conjunta”.
La Ley de Seguridad Privada constituye una pieza estratégica dentro del sistema nacional de seguridad, considerando el rol coadyuvante de esta industria con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Su implementación permitirá unificar el marco legal vigente, elevar estándares de capacitación y certificación, y fortalecer una industria que moviliza cerca de US$2.857 millones anuales y genera empleo para alrededor de 300 mil personas en Chile.
