Otorgar 18 meses más de plazo para que se cumplan con los requisitos de la nueva Ley de Seguridad Privada, fue el principal objetivo de la Ley 21.825, publicada la mañana de este jueves en el Diario Oficial y que constituye la primera modificación legal en materia de seguridad implementada durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Esta medida es fruto del trabajo coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública –a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito– e incluyó una fuerza de tarea en la que participaron entidades públicas y privadas.
Entre ellas la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF),BancoEstado, Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (ASEVA), Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A.G. (ACHEA), HUB Líderes de Seguridad, Cámara Nacional de Seguridad Privada A.G., Cámara de Centros Comerciales de Chile, Cámara de Comercio de Santiago, Poder Judicial (Oficina de Seguridad), Carabineros de Chile, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Dirección General de Aeronáutica Civil, Asociación Gremial de OTEC (AGOTEC).
En esta instancia además, se escucharon los requerimientos de los representantes de la industria e instituciones a fin de analizar eventuales modificaciones a la normativa.
Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, señaló que “porque la seguridad es una de las prioridades del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, celebramos la oportuna aprobación de la ley corta que permitirá dar certeza laboral a más de 33 mil trabajadores de la industria y asegurar una correcta implementación de la normativa, a fin de elevar los estándares de esta industria crítica para la seguridad del país, tanto en materia preventiva como para la seguridad pública, dado el rol coadyuvante escencial que tiene el sector en la descongestión de los servicios policiales”.
La publicación de esta ley se da justo el día en que culminaba el plazo para que cada entidad obligada presentara sus estudios de seguridad y solicitara la autorización de su personal, de acuerdo con los estándares exigidos por la nueva legislación.
Quintana explicó también que el objetivo central es que esta legislación pueda implementarse adecuadamente para fortalecer el rol coadyuvante de la seguridad pública. “Lo que queremos es descongestionar el trabajo de Carabineros para que pueda concentrarse en su tarea fundamental, que es prevenir y otorgar más seguridad a los chilenos. Para ello, es indispensable que la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Municipal –que refuerza las atribuciones de los municipios en materia de prevención– puedan entrar en funcionamiento de la mejor manera, atendiendo los requerimientos de los actores que están involucrados”, concluyó.
