Este miércoles, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, anunció un fondo de 1.200 millones de pesos para que 50 municipios del país puedan adquirir equipos de seguridad, al que se sumará un nuevo proyecto de ley para combatir las incivilidades que el Gobierno enviará prontamente al Congreso Nacional para su discusión.
Los anuncios fueron dados a conocer durante la constitución de la mesa de trabajo para la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Seguridad Municipal, instancia que fue encabezada por la subsecretaria Quintana y que reunió a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales de Chile (AMUR).
Sobre la importancia de estas medidas, la subsecretaria destacó que se podrán sumar nuevos recursos para municipios adicionales una vez que estén publicados los reglamentos de la Ley de Seguridad Municipal, mientras que, en lo que respecta al proyecto de ley contra las incivilidades, informó que se buscará que esté coordinado con el registro único de vándalos propuesto por el Presidente José Antonio Kast.
“Las incivilidades han cambiado en Chile. Antiguamente veíamos situaciones como el comercio ilícito de manera aislada, pero hoy tenemos otras situaciones asociadas. Lo mismo ocurre con el consumo de drogas. Hay que revisar los catálogos, la realidad y actualizarlos. La idea es presentarlo dentro de los primeros tres meses del inicio del Gobierno, pero tenemos que incorporar otras visiones”, agregó.
Mesa de trabajo para la elaboración del reglamento
La subsecretaria Quintana explicó que el objetivo de esta instancia es avanzar en la implementación de una normativa que es clave para reforzar el rol de los municipios en la prevención de delitos e incivilidades al interior de los barrios, así como mejorar la coordinación de los equipos locales con las policías.
En este sentido, la mesa contempla la participación de diferentes instituciones con el objetivo de asegurar la coherencia entre el diseño del reglamento y su aplicación práctica a nivel territorial por parte de los municipios. Por lo mismo, junto con las asociaciones municipales, se incluirá a entidades como Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otros servicios públicos e instituciones académicas.
Durante el hito de instalación, se presentaron los principales lineamientos de la Ley N° 21.802, con énfasis en las obligaciones operativas y normativas que esta conlleva para las municipalidades. Asimismo, se repasaron los plazos que establece la ley, que entrará en vigor plenamente durante el próximo mes de agosto y cuyo reglamento deberá dictarse como máximo antes de febrero del año 2027. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, esta tendrá como misión ejercer el liderazgo técnico del proceso, además de velar por la coordinación general y por la elaboración de los reglamentos, protocolos y orientaciones técnicas.
“Es un trabajo técnico y de coordinación que se va a hacer desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con las municipalidades y Carabineros para poder tener a tiempo todo lo necesario para implementar la ley, que es muy relevante en términos de seguridad para las municipalidades y la población”, agregó la subsecretaria Quintana.
Por su parte, el alcalde de Zapallar y presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, señaló que como asociación esperan que este esfuerzo se traduzca en un reglamento útil, aplicable y construido desde la realidad que se vive en los territorios. “Hoy el país enfrenta una crisis de seguridad muy profunda, y los municipios hemos debido asumir un rol cada vez más protagónico. Por eso, es fundamental que este reglamento también entregue resguardo a los funcionarios municipales y a los inspectores. Nuestro compromiso es claro: contribuir a que exista el mejor reglamento posible y avanzar, entre todos, en devolverles la tranquilidad a las familias de Chile”, planteó.
A su vez, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, concordó en que el reglamento es clave para que la ley pueda implementarse de manera correcta. “Acá estamos todos coordinados, tenemos una visión en conjunto para poder sacar adelante esta tarea y estamos desarrollando estrategias para avanzar lo más rápido posible y garantizarles a nuestros vecinos tener una ley que finalmente se haga cargo de un tema que se venía arrastrando hace mucho tiempo”, dijo.
Finalmente, Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y alcalde de Paine, hizo énfasis en que los municipios rurales, por sus particularidades, necesitan de recursos y herramientas que se adapten a esta realidad. “La delincuencia es transversal en todo nuestro país, pero lamentablemente no en todos los lugares se vive de la misma forma. Y la ruralidad tiene mucho que decir al respecto. La extensión geográfica de las comunas rurales, la falta de institucionalidad y, muchas veces, la precariedad en los servicios básicos, hacen que la delincuencia se tome estos lugares y sea invisibilizada desde las ciudades o las capitales regionales. Por lo tanto, esta invitación a formar estos reglamentos, que desde la Asociación de Municipios Rurales la valoramos profundamente, busca poner la mirada rural, el sentimiento de los vecinos más vulnerables y de los lugares más lejanos de nuestro país”, concluyó.
