Por una amplía mayoría, este martes, la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, así como el conjunto de modificaciones introducidas por el Senado.
Entre los objetivos centrales de este proyecto está reforzar el rol preventivo de las municipalidades y robustecer su colaboración y coordinación con el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones y los gobiernos regionales, incluyendo flujos de información y coordinación operativa. En este sentido, norma las labores preventivas y de apoyo a las policías, incluyendo patrullajes autónomos y mixtos, televigilancia, apoyo a víctimas, controles en tránsito, fiscalización del comercio ambulante y auxilio en violencia intrafamiliar.
A su vez, apunta a institucionalizar y profesionalizar la función de inspector o inspectora de seguridad municipal, regulando requisitos, funciones, inhabilidades, prohibiciones y controles. En la misma línea, busca proteger a las y los funcionarios municipales de seguridad, asegurando elementos de protección, seguros de vida y creando una agravante penal ante agresiones en su contra.
Finalmente, el proyecto regula el uso de tecnologías de prevención y persecución del delito, entre los que se incluyen cámaras, drones, sistemas de alerta y televigilancia, sin dejar de lado la protección de datos personales.
Sobre la aprobación de esta nueva institucionalidad en materia de seguridad para los municipios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que este proyecto responde a un acuerdo fundamental para avanzar en un tema que es prioritario para la ciudadanía y los alcaldes. “Este proyecto regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios, tanto en prevención como en la colaboración con las policías. El rol fundamental de los municipios está ahí y esto no constituye una policía municipal”, planteó.
En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, resaltó que este proyecto reconozca el importante rol preventivo que desempeñan los municipios. “Es importante que la ley reconozca esta función para ellos, que puedan tener capacitaciones para sus funcionarios y, por supuesto, también elementos de protección. Esto va a ir en directo beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro país”, dijo.
Por último, Gustavo Alessandri, alcalde Zapallar y presidente Asociación Chilena de Municipalidades, valoró que este proyecto sea fruto de un trabajo transversal de los distintos sectores políticos. “Hoy gana Chile y gana el municipalismo. Se reconoce lo que estamos haciendo en materia de seguridad y es un espaldarazo para los municipios de Arica a Magallanes, para hacer prevención, para ser coadyuvantes de Carabineros y para todas las personas que trabajan como fiscalizadores e inspectores”, concluyó.
Funciones preventivas propias y funciones que se deben realizar con Carabineros
Entre las funciones preventivas autónomas que establece el proyecto para los municipios se encuentran: vínculo territorial con la comunidad, patrullaje preventivo, detención en flagrancia, labores inspectivas y de fiscalización, incautación de especies comercializadas en la vía pública, requerimiento de identidad, dirección del tránsito, auxilio a víctimas ante delitos flagrantes, labores de televigilancia y colaboración con rescate animal.
Por otro lado, también define funciones que los municipios deberán realizar junto a Carabineros, tales como: patrullajes mixtos, colaboración en medidas de protección de víctimas VIF, colaboración en el control de medidas cautelares personales y medidas accesorias en contextos VIF, control de alcohol y drogas en la vía pública, y colaboración en control de identidad.
Elementos de protección para inspectores y financiamiento
La ley aprobada establece el mandato de entregar elementos de protección a los inspectores e inspectoras municipales, los cuales serán definidos en el reglamento de la ley y podrán incluir chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta, elementos de pulsación eléctrica, entre otros. Se excluyen de manera específica las armas de fuego.
En el caso de los municipios que no dispongan de los recursos necesarios para adquirir estos elementos, estos recibirán financiamiento complementario por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por un monto de $5.100 millones. A estos se sumarán $208 millones para plataformas tecnológicas e interconexión de registros, así como transferencias con criterios de equidad territorial, densidad poblacional y vulnerabilidad socio-delictual, y el aporte adicional vía Royalty Minero al Fondo Común Municipal para fortalecer capacidades locales.
