Con la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, este martes, el Senado aprobó en general la ley que mejora la institucionalidad de los municipios para hacer frente a los desafíos en seguridad pública y prevención del delito, precisa las atribuciones de los equipos municipales, aumenta su coordinación con las policías y protege a los funcionarios dedicados a esta tarea.
Entre las principales novedades que introduce el proyecto está consagrar a la prevención con función principal y prioritaria de los municipios. En este sentido, se fortalece su coordinación con la SPD y el Ministerio de Seguridad Pública, así como con las policías y el Ministerio Público, a través de la creación del Comité Operativo de Seguridad. Este organismo estará liderado por el alcalde y contará con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Fiscalía y del director de seguridad del municipio, cuyo cargo también será reforzado mediante una regulación más precisa de los requisitos para su nombramiento.
Entre las principales funciones preventivas que tendrán los municipios se cuentan la realización de patrullajes, labores de inspección y fiscalización, prestación de auxilio a las víctimas de delitos, televigilancia y el control e incautación de especies del comercio ilegal. A su vez, también se regulan sus labores coadyuvantes con las policías, entre ellas, la realización de patrullajes mixtos con Carabineros, la colaboración en medidas de protección por violencia intrafamiliar, el control de medidas cautelares y el control de alcohol y drogas en la vía pública.
Otro aspecto clave es la creación por ley de la figura del inspector municipal con un nuevo régimen jurídico para sus funciones, que incluye los elementos defensivos y de protección personal que podrán usar. El objetivo es que todos los municipios del país puedan contar con inspectores con estos elementos, por lo mismo, en el caso de no contar con los fondos necesarios, la Subsecretaría de Prevención del Delito entregará los recursos para este fin. Por último, en materia penal, se establece como agravante respecto de los delitos que se comentan en contra de los inspectores y directores de seguridad.
La subsecretaria Carolina Leitao destacó que este proyecto de ley tiene tres ejes fundamentales. “Este proyecto busca, en primer lugar, la protección y el reconocimiento del trabajo municipal en seguridad que hasta ahora no está regulado por la ley. En segundo lugar, establece una agravante para los quienes agredan los funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones y establece un sistema de capacitación para fortalecer las capacidades de trabajo en la calle», resaltó.
Además, la autoridad agradeció que el proyecto fuera aprobado de manera unánime con 47 votos a favor. «Quiero agradecer el apoyo unánime de la sala del Senado. Este proyecto continúa su discusión y por eso es tan importante darle prioridad. Tiene un plazo de indicaciones, luego va a la comisión de seguridad, a la comisión de Hacienda y vuelve a la discusión en particular. Vamos a seguir trabajando y resolviendo los nudos críticos para que tenga un apoyo transversal», declaró.
Sobre el financiamiento que implicará esta modificación legal, la subsecretaria Carolina Leitao explicó que el Royalty a la Minería entregará $51.733 millones al año a las 32 comunas mineras del país y $161.665 millones al año a las 309 restantes, a los que se sumará un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana con un aporte extra de $350 millones de dólares anuales por tres años. La SPD también financia de manera permanente programas relacionados con la función municipal en materia de seguridad, con recursos que han aumentado en un 72% en el actual gobierno, y se propone la creación de una línea programática exclusiva para el financiamiento de equipamiento municipal.
Tras su aprobación en general, el proyecto vuelve a la comisión de seguridad para continuar con su tramitación.
