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Reglas claras, protección a funcionarios y mayores herramientas preventivas: Gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal

El marco legal reconocerá de manera explícita el trabajo de seguridad de los gobiernos locales mediante la entrega de financiamiento, la incorporación de tecnologías y la inclusión de agravantes a quienes agredan a inspectores en el ejercicio de sus funciones.
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Tras finalizar su tramitación en el Tribunal Constitucional, este viernes el Ejecutivo promulgó la Ley de Seguridad Municipal, lo que permitirá reconocer y regular el rol de los municipios de todo el país en su rol preventivo y coadyuvante con la seguridad pública. El hito fue liderado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el titular de Seguridad Pública, Luis Cordero en la comuna de Renca, y contó con la participación de los subsecretarios de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Rafael Collao y Carolina Leitao, respectivamente, alcaldes y alcaldesas.  

Esta ley establece de manera explícita el rol preventivo de los municipios y fija atribuciones claras para la realización de actuaciones en flagrancia, patrullajes y labores preventivas por parte de los equipos de seguridad municipal, a quienes por primera vez se les reconoce con una figura legal, y con ello, la entrega de una garantía administrativa para el ejercicio de sus funciones en el espacio público.

En esa línea, se introducen especificaciones relativas a la capacitación de los inspectores de seguridad, la definición de labores autónomas como la detención en flagrancia, la incautación de mercancías ilegales y labores de televigilancia, y también a aquellas que revisten de carácter colaborativo con las policías como los controles de tránsito, los patrullajes mixtos y el apoyo en medidas cautelas de violencia intrafamiliar.

Respecto a la protección y los estándares para los funcionarios, la ley incorpora un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales en el ejercicio de sus funciones, y obliga a los municipios a dotarlos de elementos defensivos certificados con su debida capacitación.

En la ceremonia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que la ley representa un avance histórico para las comunas de todo el país y un eje clave en la gestión del Sistema de Seguridad Pública. “Por décadas, el rol de los municipios fue un debate abierto; hoy, con la promulgación de esta Ley de Seguridad Municipal, ese rol se consolida con fuerza y claridad. Esta ley no solo profesionaliza y protege a nuestros inspectores, sino que reconoce a los municipios como lo que realmente son: laboratorios de gestión pública que conocen el territorio mejor que nadie. Hemos entendido que la seguridad no es solo control policial, es prevención territorial y cohesión social.”, cerró el secretario de Estado.

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, señaló que “estamos respondiendo a una demanda histórica de los alcaldes y alcaldesas, fortaleciendo el rol preventivo y territorial que cumplen las administraciones comunales. Esta ley consolida a los municipios como actores clave del Sistema de Seguridad Pública y entrega mejores condiciones de seguridad y protección a los funcionarios y funcionarias que trabajan día a día en sus territorios.”.

Uso de tecnologías, financiamiento y plazos de implementación

La Ley de Seguridad Municipal introduce nuevos estándares para el uso de tecnologías por parte de los municipios, entre ellos, la regulación del uso de cámaras, drones y sistemas de televigilancia, de tal forma de equilibrar la eficacia operativa de los equipos a nivel nacional y la debida protección de datos personales de los ciudadanos.

En cuanto a la modernización que significa esta el jefe de gabinete, Álvaro Elizalde, destacó que “se requería de una Ley de Seguridad Municipal, ya que los municipios cumplen un rol fundamental, contribuyendo decididamente al trabajo que se debe realizar para tener entornos más seguros en los barrios y en las comunas de Chile. De esta forma, este proyecto fortalece su rol preventivo”.

En esa línea, recalcó que “tenemos que asumir que la tarea de la seguridad es una tarea de Estado y que todos debemos contribuir con buenas ideas a trabajar por entornos más seguros, y para que los chilenos no vivan con temor de volver del trabajo y que lo asalten, que sus hijos puedan jugar en espacios públicos sin riesgo alguno, y de esa forma generar una mejor forma de convivencia en nuestro país para construir un futuro de progreso para todas y todos”.

Respecto a los recursos destinados a los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones de pesos para la adquisición de elementos de protección para inspectores, bajo un criterio de priorización con aquellas zonas de mayor vulnerabilidad. A esos dineros, se suma un total de $208 millones para la implementación de plataformas tecnológicas e interconexión de registros.

En la instancia la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, aseguró que “la Ley de Seguridad Municipal es una norma clave para nuestras comunas, ya que reconoce el rol preventivo que ejercemos en seguridad y nos entrega nuevas atribuciones, herramientas y también responsabilidades. Agradezco el trabajo realizado y seguiremos fortaleciendo la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”

Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacó que “esta ley, que promulgamos hoy en nuestro Parque Metropolitano Cerros de Renca, es un triunfo del municipalismo y del trabajo conjunto con el Gobierno. Durante años enfrentamos la paradoja de que la ciudadanía nos exige más seguridad, pero sin las herramientas suficientes; hoy eso empieza a cambiar con más atribuciones, más protección para nuestros equipos y mejor coordinación. Cuando el Estado y los municipios empujamos juntos, la seguridad deja de ser un discurso y se transforma en una política concreta en los barrios”.

Finalmente, la ley comenzará a regir luego de seis meses después de su promulgación en el Diario Oficial, y su implementación será de carácter progresiva para permitir a las comunas de todo el país adecuar administrativamente y a nivel de infraestructura sus capacidades, y consolidar una institucionalidad moderna orientada a mejorar la seguridad y la prevención del delito.