Valorando la importancia de grandes acuerdos nacionales que han permitido crear una nueva institucionalidad para abordar los desafíos que el país tiene en materia de seguridad e informando de los avances en la estrategia de seguridad del Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó la primera Cuenta Pública Participativa de la nueva institucionalidad que comenzó a funcionar el pasado 1 de abril.
Tras informar de los principales avances y resultados, así como de la creación e implementación del Ministerio de Seguridad Pública, el ministro Cordero señaló que “durante este periodo de Gobierno transformamos las capacidades del Estado de Chile en materia de seguridad (…) Pero la urgencia de estas materias no permite descanso, ni menos autocomplacencia. Por lo tanto, el foco ahora esencial es gestión en seguridad, es decir, cómo con todas estas nuevas herramientas con las que cuenta el Estado se articulan y plasman en planes, acciones y coordinación para lograr mejores resultados”.
“Podemos tener leyes, pero si no tienen aplicación eficaz se transforman en bibliotecas de papel. Podemos tener recursos, pero si no los gestionamos adecuadamente se puede transformar en una dilapidación de los mismos. Podemos tener instituciones, pero si no funcionan integradamente, simplemente se transforman en un casillero burocrático. El desafío de Estado de Chile, en un contexto de herramientas conferidas, es profundizar su capacidad de gestión pública en seguridad”, concluyó.
Además, junto con relevar la aprobación de 73 nuevas leyes en materia de seguridad durante el actual periodo de Gobierno, el mayor número desde el retorno a la democracia, el ministro Cordero hizo un especial reconocimiento a los parlamentarias y parlamentarios que han hecho posible llegar a estos acuerdos de Estado. “Los acuerdos en materia de seguridad han sido indispensables para avanzar en la lucha que enfrentamos”, señaló.
En la oportunidad, el ministro Cordero también abordó algunos de los hechos donde funcionarios de las Fuerzas Armadas o policías se han visto involucrados en delito, insistió en la gravedad que este tipo de casos implica para la institucionalidad. En tal sentido, hizo un reconocimiento “a los servidores públicos, en todas las instituciones del Estado, en nuestras Fuerzas Armadas y policías, que han activado las alarmas institucionales y hecho las denuncias cuando han presenciado actos ilícitos relacionados a actividades del crimen organizado”.
Durante la Cuenta Pública, la autoridad destacó algunos de los resultados que se han alcanzado, como la baja de 4,8% en los homicidios entre 2023 y 2024, confirmando así por segundo año una reducción en este tipo de delitos que venía experimentando un alza desde 2016 en adelante; la reducción en un 48% de ingresos irregulares en relación a 2021, año en que llegó a su máximo con 56.586 denuncias y autodenuncias; y la disminución de 70% de eventos de violencia rural en la macrozona sur entre 2021 y 2024.
Asimismo, informó que durante el actual periodo de gobierno se han destinado más de $241 mil millones para fortalecer las capacidades tecnológicas y equipamiento con cuentan las instituciones para enfrentar el crimen organizado. “Eso es un asunto que debe continuar. Lo que no puede suceder es que dejemos de invertir en seguridad como sucedió en el pasado. No invertir en seguridad implica retrocesos y eso tiene costos significativos para la sociedad”, aseguró el secretario de Estado.
También informó de los programas de prevención, cuyo presupuesto ha aumentado en un 54% entre 2022 y 2025, llegando a más de $88 mil millones este año. “Antes que invertir en persecución y control del delito y el crimen, siempre será más efectivo, siempre, destinar esfuerzos a prevenir la delincuencia, interrumpir tempranamente las trayectorias delictivas y generar condiciones para que los espacios públicos estén abiertos y sean utilizados y ocupados por las familias”, manifestó, junto con informar de los resultados que han tenido programas como el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, Lazos, Somos Barrio, Denuncia Seguro y el Programa de Apoyo a Víctimas, entre otros.
Al cierre de su intervención, el ministro Luis Cordero afirmó que “tengo la convicción de que juntos, sin estridencias, populismos u oportunismos, podremos dar más tranquilidad y seguridad a las familias. Creo en la responsabilidad, en el trabajo y las doctrinas institucionales; en la progresión paciente y racional de los avances. Enfrentar el crimen, especialmente el organizado, requiere de tenacidad y perseverancia. Ahí no hay atajos, no existen recetas mágicas ni tampoco soluciones instantáneas. Solo es productivo el trabajo conjunto, y pese a las diferencias, y en ocasiones a nuestras notorias diferencias, sabremos encontrar, como lo hemos hecho hasta ahora en los acuerdos de seguridad pública, un espacio para lo razonable, para lo eficaz, para lo posible y para lo creíble. Creo conveniente que no olvidemos en esta cuenta que una sociedad más justa es siempre una sociedad más segura”, concluyó.
Principales avances informados en la Cuenta Pública Participativa 2025 del Ministerio de Seguridad Pública:
- 73 nuevas leyes en materia de seguridad, el mayor número desde el retorno a la democracia. Entre otras, Ley de Agentes Policiales, Cámaras corporales, Bono Transitorio de la PDI, creación del Ministerio de Seguridad, Ciberseguridad, Fiscalía Supraterritorial, Seguridad Privada, sicariato, contrabando, funerales de alto riesgo, robo de madera, antinarcos, contra el crimen organizado y ley antiterrorista.
- +15,3% del presupuesto global en orden público y seguridad entre 2022 y 2025.
- Nuevo Ministerio de Seguridad Pública: comenzó a funcionar el 1 de abril de 2025. Ya se constituyeron los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, así como los respectivos consejos regionales.
- Se envió para su revisión en la Contraloría General de la República el reglamento que regula las nuevas instancias de coordinación interinstitucional en materia de seguridad: establece el marco normativo para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública; regula la organización y funciones del Centro Integrado de Coordinación Policial, CICPOL; y fija los estándares que deben observar los sistemas de intercambio de información entre los actores del Sistema.
- Elaboración de la propuesta de Política Nacional de Seguridad Pública, que será entregada al Presidente de la República.
- Quiebre de la tendencia al alza de los homicidios: según al tercer Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, en 2024 hubo una disminución de 4,8% en la tasa nacional de homicidios en comparación a 2023. Se pasó de una tasa de 6,3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023, a una tasa de 6,0 en 2024.
- -48% de ingresos irregulares en relación a 2021. 56.586 denuncias y autodenuncias por ingreso por paso no habilitado en 2021; 29.269 en 2024.
- -70% de eventos de violencia rural en la macrozona sur entre 2021 y 2024. De 1.679 atentados y acciones violentas en 2021 a 504 el año pasado, siendo 2024 el año con menos hechos de violencia desde 2018.
- Agencia Nacional de Ciberseguridad, comenzó a funcionar el 2 de enero de este año. Chile es el primer país de América Latina y el Caribe en contar con una legislación especial sobre ciberseguridad y una institución pública especializada como la Agencia.
- +12,5% del presupuesto de Carabineros entre 2022 y 2025.
- +12,7% del presupuesto de la Policía de Investigaciones de Chile entre 2022 y 2025.
- Plan de reposición del parque vehicular de Carabineros. Durante este periodo de gobierno se ha hecho entrega de más de 3.800 nuevos vehículos a la institución,
- 2.108 de ellos como parte del plan de reposición de vehículos, que implicará la adquisición de otros 1.054 en 2025.
- Bono mensual transitorio para la PDI, que significará un incremento remuneracional de hasta un sueldo adicional al año, y Ley que moderniza el escalafón de Agentes Policiales, que permitirá la formación e incorporación de 250 agentes cada año, aumentando así la dotación actual de 950 agentes a más de 4.000.
- Plan de Infraestructura en Seguridad: 67 iniciativas para Carabineros por más de
- $190 mil millones y 25 iniciativas para la PDI por más de $120 mil millones.
- Plan Nacional contra el Crimen Organizado: $241 mil millones transferidos entre 2022 y 2025 para fortalecer las capacidades y la tecnología de instituciones para detectar, investigar y perseguir la actividad criminal. Entre otras, Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero, ISP y Redes Asistenciales.
- Control de Armas: 5 nuevos Sistemas Integrados de Identificación Balística, dos para el Laboratorio de Criminalística de la PDI y tres para el Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile. Implementación del “Proyecto de Huella Balística Limpia” que permitirá la adquisición de este sistema para la Dirección General de Movilización Nacional.
- Mayor control de la frontera: proyecto de Muralla Digital de Carabineros en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta por más de $7.650 millones, y Sistema Integrado Frontera Norte, SIFRON, para dotar a las Fuerzas Armadas de medios de despliegue y vigilancia para mejorar el resguardo y control de la frontera (más de $10.700 millones invertidos en sus tres primeras etapas).
- $31 mil millones de pesos invertidos entre 2022 y 2024 en las regiones del Biobío y La Araucanía para la adquisición de equipamientos estratégicos y tecnología para fortalecer las capacidades de reacción de las instituciones que implementan la estrategia institucional desplegada en la macrozona sur.
- El presupuesto destinado a programas preventivos ha aumentado en un 54% entre 2022 y 2025 llegando a más de 88 mil millones de pesos este año.
- Sistema Nacional de Seguridad Municipal. En 2018 sólo 25 comunas recibían recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública, con el sistema de comunas prioritarias y rotativas ya todas las comunas del país recibirán recursos para desarrollar proyectos de seguridad pública.
- Programa Lazos: 36 comunas en 2018, 78 en 2025. El presupuesto destinado a esta iniciativa ha crecido en un 140% entre 2022 y 2025, pasando de poco más de 7.400 millones de pesos a 17.796 millones. 43 mil atenciones en 2024.
- Programa Somos Barrio: en 2022 se implementó en 36 barrios de 30 comunas, mientras que para el año 2025 alcanza 61 barrios en 54 comunas.
- Denuncia Seguro: Casi se duplicado el presupuesto de Denuncia Seguro, pasando de 227 millones de pesos en 2022 a 444 millones de pesos para 2025. En 2024 se recibieron más de 22 mil denuncias.
- Programa de Apoyo a Víctimas: en 58 comunas del país, cuenta con 44 Centros de Apoyo a Víctimas, 4 de los cuales fueron creados en esta administración, y 15 puntos de Atención, ocho de los cuales han sido creados en estos años. Desde 2022 a abril de 2025 ha prestado atención gratuita a 138 mil víctimas de delito.
- Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial, SITIA: 500 pórticos de lectura de placas patentes distribuidos en la ciudad de Santiago; unificación de 2.000 cámaras en la Región Metropolitana.
