Este miércoles, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, anunciaron la publicación en el Diario Oficial del reglamento que fija para los próximos seis meses la entrada en vigencia de la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada, promulgada por el Presidente Gabriel Boric en el año 2024.
El documento presentado el día de hoy, que se suma al reglamento de Eventos Masivos dado a conocer en febrero de este año, permitirá al país contar un nuevo marco normativo para la seguridad privada, con altos estándares, mayor capacidad fiscalizadora y mejor formación de los guardias y vigilantes privados.
Las autoridades destacaron que la nueva legislación es fruto de un trabajo de larga data entre el Estado y el mundo privado, que ha incluido fuerzas de tareas con distintos gremios, como los centros comerciales, asociaciones de bancos, empresas de seguridad electrónica y otras industrias, y que también ha permitido llevar adelante tareas tan importantes como la actualización del decreto 222 para la seguridad de los cajeros automáticos.
“Es una industria que ha crecido sobre el 400%, tiene cerca de 500.000 personas asociadas al funcionamiento del sistema de seguridad privada, incluyendo vigilantes y guardias, y ha facturado más de 2 mil millones de dólares. Esta ley moderniza los sistemas de certificación, que es una de las cosas que la industria requería con urgencia, pero también permite en consecuencia la focalización de recursos operativos de la policía en sus labores”, agregó el ministro Luis Cordero.
A su vez, la subsecretaria Carolina Leitao resaltó que la nueva normativa establece nuevas obligaciones para las entidades que serán reguladas, entre ellas, plazos de denuncia de los delitos de los que hayan sido víctimas, a fin de facilitar su persecución. “Existe la obligación de denunciar los delitos dentro de 24 horas siguientes a que se tome conocimiento, y de conservar y poner a disposición de la autoridad también las pruebas que tengan en su poder y que permitan individualizar a los autores o participes de hechos que revisten caracteres de delito. Esta colaboración público-privada es fundamental”, dijo.
Asimismo, hizo hincapié en las disposiciones específicas para la realización de eventos masivos que contempla esta nueva ley y la mayor especialización que tendrán guardias y vigilantes. “Con esta nueva normativa estamos modernizando las capacitaciones al personal de seguridad privada, que van a distinguir entre distintos niveles de riesgo y van a tender a la especialización según el tipo de actividad de seguridad privada. Y también regula de manera más detallada la seguridad privada de eventos masivos, ya que actualmente no existía una norma de rango legal de aplicación general”, manifestó.
Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, destacó que la seguridad privada cumple un rol clave como colaborador de la seguridad pública y, especialmente, de las policías. “Como Cámara de Centros Comerciales, siempre hemos colaborado estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública, las policías y otras instituciones en una labor que nos involucra a todos: proteger a nuestros visitantes y colaboradores. Más del 78% de las personas se siente más segura dentro de un centro comercial que en la calle, por lo que brindar seguridad es prioritario. En los últimos años, los centros comerciales han aumentado en más de un 30 % la inversión en materia de seguridad, incluyendo tecnologías como el reconocimiento facial, barreras para controlar las placas patentes de los vehículos que ingresan, una mayor dotación de guardias y, por sobre todo, una estrecha colaboración público-privada”, concluyó.
Para Antonio Braghetto, gerente de Operaciones Regional de Mallplaza «nuestros centros urbanos son lugares de encuentro para miles de personas y, por eso, seguiremos aplicando todas las medidas y nuevas tecnologías necesarias para prevenir y alertar del actual delictivo, al mismo tiempo que mantenemos una comunicación constante con las policías y autoridades», puntualizó.
La nueva normativa simplifica la regulación y establece un solo tipo de entidades obligadas a disponer de seguridad privada, de acuerdo con los niveles de riesgo que implica su actividad para la seguridad pública. Asimismo, dispone de nuevas sanciones y multas, tanto para los incumplimientos de las empresas de seguridad privada como para los eventos masivos, y crea un canal de denuncia anónima para informar posibles infracciones.
En cuanto al órgano rector encargado de las autorizaciones y certificaciones, esta tarea estará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, que tendrá la atribución de otorgar, denegar, suspender y revocar autorizaciones a las personas naturales y jurídicas que presten servicios de seguridad privada. Además, la Subsecretaría de Prevención del Delito será la encargada de dictar instrucciones, interpretar el reglamento, actuar como órgano de consulta y mantener un registro de las entidades obligadas.
En la instancia participaron, además, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán; el seremi (i) de seguridad Pública, Jaime Fuentes; el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (ASEVA), Rodrigo Badilla; el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad (ACHEA), Víctor Herrera; la jefa de Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, General Claudia Carrasco; y el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez.
