En el marco del ciclo de conversaciones “Transformar Chile desde la UC”, este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, lideró una exposición junto a alcaldes y expertos sobre el proceso de implementación de la Ley de Seguridad Municipal, que entró en vigencia a mediados de agosto y que pone en valor el rol preventivo de los gobiernos locales en esta materia, mediante un nuevo marco regulatorio y mejores herramientas para su despliegue en terreno.
Bajo el nombre “Seguridad desde el territorio: el rol de los municipios ante la delincuencia”, el panel contó, además, con la participación de Catalina Droppelman, del Centro de Justicia y Sociedad UC y académica de la Escuela de Gobierno de la casa de estudios; el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz; el alcalde de Pedro Aguirre Cerca, Luis Astudillo; el director de Seguridad de Providencia, Francisco Díaz-Valdés, e Ignacio Irarrázabal, director del Centro de Política Públicas UC, quien moderó la instancia.
Durante su presentación, el subsecretario hizo hincapié en las novedades y espacios de debate que abre esta nueva institucionalidad en materia preventiva para los municipios, que establece, entre otras cosas, protocolos claros de actuación para los inspectores de seguridad municipal, la obligación de dotarlos de elementos de protección y agravantes para quienes los agredan en el contexto del cumplimiento de sus labores.
“La ley lo que hace es consolidar un rol municipal preventivo y coordinado. En primer lugar, regula el rol de las municipalidades, focalizándose en la prevención del delito y en la seguridad pública. Este último apunta a mantener preventivamente el orden público y, al mismo tiempo, funcionar como coadyuvante de la policía cuando la circunstancia lo requiera, con un rol de un inspector de seguridad municipal con un perfil bastante acotado y regulado”, señaló el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.
Asimismo, la autoridad profundizó en los alcances de la entrada en vigor de la ley y en cómo esta se integra de manera armónica para complementar el ecosistema de seguridad pública con el que cuenta el Estado para enfrentar los desafíos en materia de prevención, bajo un rol coadyuvante con el trabajo de las policías y la industria de la seguridad privada en el país.
“Tenemos que dar una mirada un poquito más amplia, hacer un zoom en lo que dice relación con las capacidades de implementación y el financiamiento. Esta discusión de la política pública no tenemos que tan solo mirarla desde esta perspectiva, que es importante, sino que también desde la madurez institucional para efectos de implementar correctamente la ley. Los alcaldes lo que más nos han dicho es que quieren tener certezas del marco regulatorio y establecer una colaboración con Carabineros que tenga límites y que haya protección de la persona y los funcionarios”, agregó.
