Con la presencia del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y la asistencia de diferentes representantes de asociaciones gremiales, policías y otras entidades del Estado, este viernes, la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó la jornada de cierre de las Mesas de Trabajo Sectoriales de Seguridad Privada, instancia de diálogo que buscó recoger la visión de los principales sectores vinculados a la seguridad privada respecto de la aplicación de la Ley N° 21.659.
Las mesas de trabajo se iniciaron en junio de este año y reunieron a gremios, empresas, entidades obligadas por ley, organismos capacitadores y autoridades fiscalizadoras, quienes durante 14 sesiones pudieron dar a conocer sus experiencias respecto de la aplicación de este nuevo marco regulatorio.
Esta información permitirá identificar dificultades operativas, brechas regulatorias y oportunidades de mejora, que serán sistematizadas como insumo para el fortalecimiento operativo del sistema y la elaboración de futuras modificaciones normativas.
Las mesas se enmarcan en una serie de acciones para el fortalecimiento operativo y regulatorio de la Ley de Seguridad Privada, que han incluido la constitución de una fuerza de tarea público-privada en abril de 2026 y el refuerzo operativo de la División de Seguridad Privada de la SPD para agilizar la tramitación de solicitudes.
Los antecedentes recogidos durante estas instancias de trabajo dan cuenta de que las brechas identificadas requieren distintos niveles de respuesta. Desde la Subsecretaría señalan que, mientras algunas materias podrían implicar modificaciones a la Ley N° 21.659 —particularmente en aspectos estructurales del sistema, responsabilidades, atribuciones y régimen sancionatorio—, otras podrían abordarse mediante ajustes a los reglamentos de seguridad privada y eventos masivos. Asimismo, se identificaron ámbitos que no requieren cambios normativos y que pueden ser fortalecidos a través de mejoras administrativas y operativas, como la plataforma de tramitación, la trazabilidad y notificación de solicitudes, los tiempos de respuesta, la interoperabilidad y la coordinación entre la Subsecretaría y las autoridades fiscalizadoras.
En ese contexto, el subsecretario Guerrero destacó que uno de los desafíos de este proceso es contar con una regulación capaz de adaptarse a los cambios que experimenta el sector, especialmente frente al avance de nuevas tecnologías. “El desarrollo tecnológico exige que nuestro sistema regulatorio tenga capacidad de innovación y adaptación permanente. El desafío está en conciliar esa innovación con las certezas que debe entregar la regulación, y ese ha sido uno de los focos de estas instancias. En ese sentido, estas mesas tienen un propósito claro: abrir la posibilidad de avanzar hacia un cambio regulatorio mayor en la Ley de Seguridad Privada, incorporando para ello la experiencia de la industria y el conocimiento especializado del mundo académico”, señaló.
A su vez, Aldo Vidal, coordinador comité técnico de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, resaltó que «este proceso de implementación es un desafío para la autoridad de intentar cambiar la regulación que teníamos en términos prácticos, y también es un desafío para la industria en esta búsqueda tan necesaria de la profesionalización. Más aún en la necesidad que hay detrás de ser un coadyuvante de la seguridad pública. El país necesita que el fortalecimiento de la seguridad sea también a través de la coordinación que tiene la seguridad privada. Seguimos disponibles para este trabajo que está liderando la Subsecretaría de Prevención».
A partir de la información recogida en el ciclo de mesas sectoriales, entre octubre y diciembre se desarrollará un análisis técnico-jurídico para evaluar y priorizar las propuestas levantadas, determinar su viabilidad y definir aquellas que requerirán cambios normativos o mejoras de gestión. La próxima etapa estará orientada a clasificar y priorizar estas materias, definiendo el instrumento más adecuado para abordar cada una de ellas. Los resultados de este proceso permitirán establecer una hoja de ruta para el fortalecimiento del sistema de seguridad privada, cuyas primeras propuestas serían presentadas durante 2027.
Entre las instituciones que participaron de las mesas estuvieron instituciones bancarias, comercio y retail, empresas de seguridad privada, transporte de valores, minería, empresas de venta de combustible, OTEC y capacitación, productoras de eventos, custodia y transporte de cargas, seguridad de estadios, delegaciones presidenciales, seremías y otras autoridades fiscalizadoras.
