El Senado de Chile aprobó en sala el proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad pública, marcando un hito significativo en la tramitación de esta iniciativa que busca modernizar y consolidar la institucionalidad de los municipios de Chile para la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad a nivel comunal.
El proyecto responde a la creciente demanda ciudadana por mayor presencia preventiva en los territorios y a la necesidad de otorgar certeza jurídica al trabajo que las municipalidades realizan actualmente. Con su aprobación en sala la iniciativa avanza hacia la etapa final de su tramitación legislativa, consolidándose como una pieza fundamental de la agenda de seguridad que busca articular la acción estatal en todos sus niveles para enfrentar los desafíos delictuales que afectan a las comunidades.
La promulgación de esta ley significará un cambio estructural en la forma en que Chile enfrenta la prevención del delito, reconociendo que la cercanía territorial y el conocimiento local son elementos insustituibles en cualquier estrategia integral de seguridad pública.
Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, resaltó que este proyecto de ley permite clarificar de mejor manera las competencias de los municipios, tanto del punto de vista del rol preventivo como desde el punto de vista del rol coadyuvante de las fuerzas de orden y seguridad. “La Ley de Seguridad Municipal es clave para la gestión municipal, es clave para la disposición de recursos y es clave en la gestión de incivilidades, pero también es muy relevante para la protección de los funcionarios y funcionarias que se dedican a seguridad municipal”, señaló.
A la vez, el ministro Cordero agradeció el acuerdo transversal que permitió sacar adelante este proyecto. “Quiero resaltar que el proyecto no solo ha sido fruto de un trabajo transversal entre el Ejecutivo y, en este caso, de los senadores y senadoras de Gobierno y oposición, sino que no hubiéramos podido llegar a este momento sin el apoyo decidido de los alcaldes y alcaldes”, puntualizó.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó el rol fundamental que cumplen los municipios en materia preventiva, lo que es recogido por este proyecto de ley. “Las demandas ciudadanas en el ámbito de la seguridad llegan en primer lugar a los municipios con una serie de solicitudes que son recogidas en este proyecto, en el ámbito de la protección, el patrullaje, el trabajo preventivo, la fiscalización de ordenanzas, pero también reconociendo el rol de los inspectores de seguridad”, dijo.
Un marco legal moderno para la prevención territorial
La iniciativa reconoce expresamente el papel fundamental que cumplen las municipalidades en la prevención del delito, estableciendo un marco jurídico coherente y seguro para las labores que sus funcionarios desarrollan día a día.
El proyecto crea por primera vez la figura legal del Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal, estableciendo requisitos, funciones, atribuciones, prohibiciones y controles específicos para su desempeño. Esta regulación incluye tanto labores preventivas —que podrán realizarse de forma autónoma— como funciones coadyuvantes a las policías, bajo protocolos definidos y en coordinación directa con Carabineros de Chile.
Un elemento central de la iniciativa es el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre municipios, Ministerio Público, Fuerzas de Orden y Gobiernos Regionales. El proyecto crea el Comité Operativo de Seguridad, liderado por el alcalde o alcaldesa, que integrará al director de Seguridad, Carabineros, PDI y Ministerio Público, mejorando sustancialmente el flujo de información y la articulación operativa en cada territorio.
Además, se moderniza la integración del Consejo Comunal de Seguridad Pública y se actualizan los contenidos del Plan Comunal de Seguridad Pública, incorporando un enfoque de gestión basado en análisis de datos y evidencia delictual.
Protección y habilitación de nuevas capacidades
El proyecto contempla elementos defensivos y de protección personal para los inspectores de seguridad municipal que desempeñen funciones coadyuvantes, cuyas características serán determinadas por reglamento. El Ministerio de Seguridad Pública proveerá recursos —a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito— para aquellas municipalidades que no cuenten con capacidad presupuestaria propia.
Asimismo, se habilita la contratación de personal de seguridad vía Código del Trabajo y se regula la contratación a través de asociaciones municipales de seguridad, ampliando las alternativas que tienen los gobiernos locales para estructurar sus equipos preventivos.
La iniciativa, además, norma el uso de tecnologías de prevención, incluyendo cámaras, drones y sistemas de televigilancia, con resguardo explícito de la privacidad y protección de datos personales. Se establece la creación de registros y sistemas de información comunal, que se integrarán con las plataformas del Banco Unificado de Datos, el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) y el nuevo Registro de Seguridad Comunal.
El proyecto cuenta con respaldo financiero concreto a través de la entrega de recursos por más de cinco mil millones de pesos destinados principalmente a facilitar la compra de elementos de protección y defensa, y al desarrollo de plataformas tecnológicas de integración de datos, y también con recursos fortalecidos para las comunas a través del Royalty Minero.
