A sólo días de la puesta en funcionamiento de la Ley de Seguridad Privada en todo el país, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, lideró una reunión en el Mercado Mayorista Lo Valledor junto a su gerente general, Marcelo de Moras, y el jefe de la Zona de Seguridad Privada Armas y explosivos de Carabineros, general Stephan Godomar, a fin de establecer una coordinación entre las instituciones y abordar las medidas de seguridad del recinto y su incorporación a la nueva matriz de riesgo definida por la autoridad para el correcto funcionamiento y prestación de servicios.
Durante el encuentro, el directorio y la gerencia del Mercado Mayorista Lo Valledor manifestaron su disposición a adscribirse voluntariamente al nuevo proceso de categorización que establece este cuerpo legal, convirtiéndose en un referente de buenas prácticas para infraestructuras críticas del país.
«El mercado Lo Valledor es un lugar estratégico de la ciudad, y el hecho de que hayan decidido adelantar la reevaluación de su sistema de seguridad para enmarcarse dentro de las exigencias de la nueva Ley de Seguridad Privada es muy simbólico para el resto de la industria», señaló la subsecretaria Leitao.
La autoridad hizo un llamado a las empresas a no esperar los seis meses que establece la ley, sino que «vayan apenas empiece la vigencia de la ley solicitando su recalificación, su revisión de la prestación de servicio, porque en la medida que se adelante esto va a ir mejorando la prestación de servicios de seguridad privada y, por supuesto, con eso incidimos en una mejora en la seguridad pública en su conjunto».
Por su parte, el gerente general del Mercado Mayorista Lo Valledor, Marcelo de Moras, destacó el rol clave que cumplen las asociaciones público-privadas para mejorar la seguridad. «Creemos que la nueva Ley de Seguridad Privada es un pilar fundamental para avanzar en la gestión de seguridad de manera integral del país. Es una oportunidad. Por eso estamos anunciando que nos someteremos voluntariamente a un proceso de evaluación, generando sinergia entre lo que el Estado está desarrollando y lo que podemos desarrollar como empresa privada para una mejor gestión de la seguridad a nivel país».
Finalmente, el jefe de la Zona de Seguridad Privada Armas y explosivos de Carabineros, general Stephan Godomar, puso énfasis en los avances que traerá la nueva legislación para fortalecer el rol coadyuvante de la seguridad privada con el trabajo policial.
“La seguridad privada se transforma en un colaborador eficaz para la seguridad pública, porque generan un organismo de seguridad interno con medidas de seguridad eficaces que permiten entregar instrumentos de prueba, por ejemplo, para la investigación de los delitos.El control interno va a estar en manos de la seguridad privada a través de mecanismos profesionales bien controlados, fiscalizados y sólidos que garanticen que los sucesos que ocurran al interior de los recintos puedan ser manejados por los vigilantes y los guardias de seguridad”.
Cambios de la nueva normativa
La nueva ley —que entra en funcionamiento el próximo 28 de noviembre—busca elevar los estándares de la seguridad privada, definiendo entidades obligadas para el resguardo de determinados recintos y servicios a través del establecimiento de nuevos criterios en la matriz de riesgo definida por la Subsecretaría de Prevención del Delito, entidad que estará encargada de la certificación, permisos de operación y fiscalización a las empresas del sector en todo el territorio nacional.
“La implementación de la ley implica no sólo fortalecer la seguridad privada, sino también la seguridad pública, pues ello permite liberar obviamente policías, carabineros que están muchas veces ocupados en otros temas de seguridad. Hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito asumirá todo lo que es la tramitación de las autorizaciones, las empresas que prestan este servicio y todo lo que significa la capacitación, la certificación de los guardias y vigilantes privados que obviamente desarrollan las tareas en estas empresas. Se ha publicado una resolución que habla sobre la matriz de riesgo que se le va a aplicar a todos los lugares donde se prestan servicios de seguridad privada para justamente poder determinar los niveles de riesgo, el tipo de seguridad que debe tener y los estándares de seguridad”, sostuvo Leitao.
Asimismo, la autoridad explicó que se adelantará la implementación de algunos módulos de la plataforma tecnológica que exige la ley, antes del plazo de un año establecido. «Esto es muy importante porque implica desarrollar no solo el trabajo interinstitucional, sino también la interoperabilidad. La plataforma va a permitir acortar los tiempos en las autorizaciones, y acortar los tiempos significa también que las empresas presten mejor servicio», precisó la subsecretaria Leitao.
