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Ministro Luis Cordero encabezó el primer Consejo Nacional de Prevención del Delito

La instancia busca sentar las bases para el despliegue de estrategias preventivas enmarcadas en la Política Nacional de Seguridad Pública.

La mañana de este miércoles, el Gobierno dio el vamos al funcionamiento del primer Consejo Nacional de Prevención del Delito, cita de trabajo de carácter interinstitucional que reúne a diversas autoridades para trabajar en los lineamientos estratégicos de la Política Nacional de Seguridad Pública, con enfoque en el trabajo territorial y operativo para avanzar en mejores planes de prevención y seguridad en todo el país.

La cita de trabajo fue presidida por el titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, y acompañada por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; de Desarrollo Social y Familia (s), Paula Poblete; de Hacienda (s), Heidi Berner; el General Director de Carabineros, Marcelo Araya; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, en quien recae la Secretaria Ejecutiva de la instancia, y los jefes de servicio de Seguridad Pública, Rafael Collado, y de Defensa, Ricardo Montero.

De acuerdo a los lineamientos de esta primera agenda de trabajo —que forma parte del mandato de creación de Ministerio de Seguridad Pública— se presentaron los ejes del funcionamiento estratégico y el cronograma del reglamento del Sistema de Seguridad Pública. Además, se presentaron las instancias de trabajo interinstitucional enmarcadas en el Subsistema de Prevención del Delito.

La tarea del diseño e implementación del Sistema de Seguridad Pública apunta a promover la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia para reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía. Dentro de los ámbitos de acción se encuentra un nuevo modelo de gestión en materia de seguridad; el avance de planes preventivos enfocados en las infancias; la eficacia policial y el control de armas y fronteras; la persecución penal eficaz frente al crimen organizado, el terrorismo y la corrupción y, finalmente, la atención oportuna y protección integral a víctimas y testigos, entre otros elementos rectores.